Exseremi Carlos Palacios y exfuncionaria DAEM quedan con arraigo nacional por presunta falsificación de documentos públicos

El Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el exseremi de Transportes, Carlos Miguel Palacios Maldonado, y la funcionaria María Cristina Puga Tapia. Ambos fueron formalizados por el Ministerio Público tras una investigación que apunta a presuntos delitos de falsificación de documentos públicos, uso malicioso de estos y uso indebido de timbres del Estado en la comuna de Sagrada Familia.

La magistrada Estefanía Hunrichse Andrade lideró la audiencia donde se determinó un plazo de investigación inicial de dos meses, periodo en el cual los imputados no podrán abandonar el territorio nacional.

La hipótesis de la Fiscalía: Extensión de contratos

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2023, mientras ambos desempeñaban funciones en el Departamento de Administración Educacional Municipal (DAEM) de Sagrada Familia.

La tesis de la Fiscalía sostiene que los imputados se habrían concertado para asegurar su continuidad laboral ante la incertidumbre sobre sus cargos. Para ello, Palacios —quien ejercía como abogado del DAEM— habría intervenido copias de decretos alcaldicios y anexos contractuales con el fin de extender sus vínculos con el municipio hasta el 31 de diciembre de 2024.

Uso de timbres y firmas de autoridades

Uno de los puntos más graves de la formalización apunta a la supuesta simulación de legalidad de los documentos. Según la investigación, se habrían utilizado timbres municipales auténticos pertenecientes a diversas autoridades, entre ellas:

• El administrador municipal (en calidad de alcalde subrogante), Enzo Ormazábal Muñoz.

• Secretarios municipales subrogantes.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que las firmas de dichas autoridades habrían sido reproducidas manualmente para simular su participación en actos administrativos en los que, según la indagatoria, nunca intervinieron.

Intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Dada la naturaleza de los delitos y el eventual perjuicio a la administración pública, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte del proceso en representación del Fisco de Chile. El organismo busca determinar si estas acciones constituyen los delitos tipificados en el Código Penal respecto al uso indebido de sellos estatales.

Próximos pasos de la investigación

Tras la formalización, la Fiscalía de Curicó iniciará una etapa de recopilación de pruebas que incluirá peritajes caligráficos y análisis documentales exhaustivos. Cabe destacar que, en esta fase procesal, la formalización no implica culpabilidad, sino la comunicación oficial de que existe una investigación vigente en contra de los involucrados.