Contraloría detectó que el INE contrató a narcotraficantes, estafadores y extranjeros con expulsión pendiente en el Censo 2024
- Miércoles 10 de junio de 2026
- 18:29 hrs
Una auditoría reveló que el organismo integró a personas con antecedentes penales y extranjeros inhabilitados, además de realizar millonarios pagos sin justificar.
La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el Censo de Población y Vivienda 2024 en Chile. A través del Informe N°194-2025, el ente fiscalizador descubrió la contratación de personas condenadas, extranjeros irregulares y un millonario descontrol financiero.
Condenados y extranjeros inhabilitados
El documento señala que el INE reclutó a 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
En seis casos, los certificados presentados mostraban las condenas, pero la empresa reclutadora no los validó. En los otros 10 casos, el organismo ni siquiera exigió los documentos.
Además, se contrató a 14 extranjeros no habilitados para trabajar en el país. Uno de ellos mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
Millonarios pagos sin acreditación
El informe de Contraloría expone también graves falencias en el uso de recursos públicos. El servicio no pudo acreditar que 515 censistas realizaran sus labores, lo que significó un desembolso de $166.356.508.
También se descubrió un pago nacional de $134.243.088 por concepto de traslados el 1 de mayo de 2024, feriado irrenunciable en el que no se realizaron labores censales.
A esto se suman 77 contratos de arriendo de locales sin justificación técnica. Cinco de ellos se firmaron por 12 meses, pese a que el proceso duró aproximadamente cinco.
Conflicto de interés y equipos abandonados
Otra grave falta involucra a una exasesora del INE que evaluó la licitación adjudicada, siendo al mismo tiempo representante legal de una de las empresas participantes.
Asimismo, 267 personas contratadas para el Censo 2024 ya trabajaban en otras instituciones públicas, omitiendo esta información en sus declaraciones juradas para cobrar dobles sueldos.
El organismo tampoco planificó el destino de los insumos tecnológicos. Hasta noviembre de 2025, miles de smartphones y computadores permanecían almacenados sin uso en bodegas estatales.
Antecedentes al Ministerio Público
Debido a la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría ordenó un sumario administrativo inmediato dentro del Instituto Nacional de Estadísticas.
El ente fiscalizador formuló un reparo económico por $315.645.819 contra la institución por los fondos no justificados.
Finalmente, todos los antecedentes de estas irregularidades fueron derivados al Ministerio Público para iniciar una investigación penal por posibles delitos al interior del organismo.
